El pasado 29 de junio, se aprobó la Ley de Medidas Urgentes (4/2010) por la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid adoptaba medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Entre ellas se encontraba la bajada salarial del 5% a todos los empleados públicos de la Administración, incluyendo a los trabajadores de las Empresas Públicas pertenecientes a la CM (a las cuales no afectaba la rebaja salarial que decretó el Gobierno de España en su Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo). El Canal de Isabel II, responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, es la primera Empresa Pública cuyo asunto se ha resuelto en la Audiencia Nacional.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL considera fraudulento dicho recorte salarial, ya que el personal laboral, a diferencia del funcionario, se rige por un Convenio Colectivo. El hecho de modificar de manera unilateral los salarios, obviando la negociacion colectiva con el Comite de Empresa del Canal de Isabel II, supondria una “violacion” de la Constitucion Espanola, al contradecir el articulo 37 de la misma. Por eso, los Servicios Juridicos de CSIT UNIÓN PROFESIONAL interpusieron conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional, y esta ha decidido resolverlo como cuestion de constitucionalidad, elevandolo por unanimidad al Tribunal Constitucional para que sea este quien lo resuelva finalmente.
Finalizado, definitivamente, el plazo de alegaciones de las partes, la Audiencia Nacional ha decidido elevar el asunto ante el Tribunal Constitucional, tal y como ya anunciaba a comienzos de este ano. Este debera decidir, en ultima instancia, si el Real Decreto Ley emitido por el Gobierno de la CM quebranta el derecho a la libertad sindical. Ademas, el Real Decreto Ley de la CM deja sin efecto el incremento pactado en el XVIII Convenio Colectivo del Canal de Isabel II, reduciendo las retribuciones en un 5%.
El Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional cuestiona la constitucionalidad de determinados articulos de la Ley 4/2010, puesto que estos suponen una clara vulneracion de los derechos fundamentales de libertad sindical (art. 7 y 28.1 de la CE) y la negociacion colectiva.
CSIT-UP denuncia el empeño de este Gobierno Regional en imponer su caracter antisocial, extralimitandose en sus competencias legislativas y vulnerando la Carta Magna. Amparandose en un supuesto ahorro de presupuestos, pretende anular los derechos sindicales de participación y representación de los trabajadores. Es urgente frenar la política precarizadora de empleo y atentatoria de derechos legalmente reconocidos, emprendida desde hace años por este Gobierno.
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